Mediante un comunicado, la
Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) y La Fundación para el
Desarrollo de Guatemala (Fundesa) se pronunciaron por la resolución de la Corte
de Constitucionalidad (CC), debido a los acontecimientos en el marco de las Elecciones
Generales en Guatemala 2023.
Mantener la certeza jurídica
y con ello la atracción de la inversión al país fue la principal petición que
hizo la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham), luego de la
resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que ordena la revisión de
supuestas anomalías en el conteo y reporte de votos. “En este caso, los ojos de
los inversores del mundo están puestos en el proceso electoral”, detalló.
En su posicionamiento,
Amcham agregó que se debe respetar el voto de los guatemaltecos, respaldado por
la ciudadanía que participó en las mesas electorales. “Hacemos un llamado al
Tribunal Supremo Electoral (TSE) a darle cumplimiento expedito a la resolución
de la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de verificar las actas y
se adjudiquen los cargos en los plazos que expone la ley para ofrecer certeza
al proceso electoral”, añadió.
Por otra parte, la Fundación
para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) destacó que el ejercicio democrático
se realizó en un ambiente de paz donde la población pudo expresar su
preferencia electoral de forma libre, mediante el voto custodiado por miles de
ciudadanos de manera descentralizada e independiente.
Además, destacó la
participación cívica de miles de voluntarios en las Juntas Receptoras de Votos
y Juntas Electorales, garantizando así la integridad del voto ciudadano.
“Nuestra opinión firme de que la fecha para la segunda vuelta electoral se debe
mantener vigente para el 20 de agosto del 2023, respetando así el debido
proceso y la democracia del país, con estricto apego al orden republicano”,
remarcó.
Mientras que la Asociación
de Investigación y Análisis Constitucional manifestó su preocupación por “el
clima de incertidumbre que vive Guatemala”, y el uso del sistema de justicia
para tratar de incidir en el proceso. A la vez, señaló que la Corte de
Constitucionalidad no era la competente para conocer los amparos promovidos por
varias organizaciones políticas. “Hacemos un firme llamado a respetar la
voluntad popular, a seguir los procedimientos indicados en la ley y, sobre
todo, a la población a siempre entender que nuestros derechos y nuestra
democracia son conquistas que debemos hacer valer cada día”, puntualizó.
