
La
difusión de un video que muestra a un adolescente afroamericano que pierde el
conocimiento tras ser asfixiado por funcionarios de un centro para
delincuentes, generó consternación en Estados Unidos.
Cornelius
Fredericks, de 16 años, murió el 1 de mayo dos días después de que educadores
de la Academia Lakeside en Kalamazoo, Michigan, lo empujaran y apretaran contra
el suelo por haber lanzado un sándwich contra otro muchacho en la cafetería del
local.
El
video de la cámara de vigilancia muestra a Fredericks lanzando el sándwich
desde su mesa y luego varios hombres se abalanzan sobre él, lo derriban y se
apoyan sobre su cuerpo para controlarlo. Unos 10 minutos después, el joven
parece inconciente y el personal intenta reanimarlo con maniobras de masaje
cardíaco antes pedir auxilio médico.
Su
muerte recuerda a la de George Floyd, un afroestadounidense muerto el 25 de
mayo a manos de un policía blanco que lo asfixió en una calle de Minneapolis
durante su arresto. Su agonía fue filmada, se viralizó en las redes sociales y
desató la cólera en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial.
Este
"horrible video" de Fredericks revela una "cultura del miedo y
abuso" en ese centro para delincuentes donde la práctica
"regular" de la asfixia "es una forma de castigo", dijo
Geoffrey Fieger, abogado de la familia de la víctima.
El
joven "fue ejecutado el 29 de abril por el delito de lanzar un
sándwich", denunció. Los siete funcionarios que lo inmovilizaron "lo
privaron de oxígeno y su cerebro sufrió lesiones irreversibles", afirmó.
Dos
educadores y una enfermera fueron inculpados por homicidio involuntario y
agresión.
El
abogado presentó en junio demandas civiles contra el personal implicado y
contra la firma privada contratada por el estado de Michigan para administrar
ese centro.
"Aunque
Cornelius Fredericks gritaba 'No puedo respirar', los funcionarios siguieron
sujetándolo de manera inapropiada, matándolo", dijo el abogado en su
denuncia.
El
letrado precisó el martes que la firma que maneja el centro propuso un acuerdo
amigable de al menos un millón de dólares como indemnización para la familia de
la víctima.
En
junio la gobernadora de Michigan había denunciado la muerte
"insensata" e "intolerable" del muchacho y anunció el fin
del contrato con la sociedad privada.