El Papa
Francisco promulgó nuevas medidas sobre la contratación del
personal de administración y de las áreas financieras del Vaticano para evitar
casos de corrupción, después de los últimos escándalos en la
gestión de las inversiones de la Santa Sede.
Con
el nuevo "motu proprio" (documento pontificio) se introducen
nuevas reglas para evitar que se manifiesten "conflictos de interés, los métodos
de clientelismo y la corrupción en general", según
escribió Francisco.
Las nuevas
medidas llegan en un momento en el que las investigaciones vaticanas han
revelado que se contrató a intermediarios financieros como el broker Gianluigi
Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa de un
inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaría
de Estado y que creó un agujero de cerca de 400 millones de euros en las arcas
vaticanas.
Con estas
reglas, quienes prestan su obra en los dicasterios (ministerios) del gobierno
vaticano, en las instituciones vinculadas a la Santa Sede y en las
administraciones de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano
"tienen la responsabilidad particular de rendir la fidelidad de que habla
el Evangelio, actuando
según el principio de transparencia y en ausencia de cualquier conflicto de
interés", añade Francisco.
El papa
ha decidido añadir artículos al Reglamento General de la Curia Romana, con una
medida que concierne a todos los que se encuentran en los niveles funcionales
C, C1, C2 y C3 (es decir, desde los cardenales jefes de dicasterios hasta los
vicedirectores con contratos directivos de cinco años) y a todos los que tienen
funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.
Todos
tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después
cada dos años, en la que afirmen que "no tienen condenas firmes, ni en el
Vaticano ni en otros Estados, y que no se han beneficiado de indultos,
amnistías o gracias, y de no haber sido absueltos por prescripción".
Tampoco
podrán "estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a
investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción,
fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales,
explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos y evasión
fiscal".
Además,
deben declarar "que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios,
dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en
países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de
capitales (a menos que sus familiares sean residentes o estén domiciliados por
demostradas razones familiares, laborales o de estudios)".
Deberán
garantizar, añade el nuevo reglamento, "que todos los bienes, muebles e
inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las
remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades
lícitas".
La
Secretaría para la Economía "podrá realizar comprobaciones sobre la
veracidad de las declaraciones realizadas en papel por los declarantes, y la
Santa Sede, en caso de declaraciones falsas, podrá despedir al empleado y
reclamar los daños y perjuicios sufridos".
Por
último, se prohíbe a todos los empleados de la Curia Romana, del Estado de la
Ciudad del Vaticano y de los organismos afines aceptar, por razón de su cargo,
"regalos u otros beneficios" de un valor superior a 40 euros".
Fuente
EFE
