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Title: Píldoras constitucionales. Los guatemaltecos necesitamos
Author: LA NUEVA
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Dr. Mario Armando Cabrera Márquez El Tribunal Supremo Electoral accionará penalmente contra quien “sin sustento”, denuncie fraude electora...
Dr. Mario Armando Cabrera Márquez
El Tribunal Supremo Electoral accionará penalmente contra quien “sin sustento”, denuncie fraude electoral. Sálvese quien pueda. En otro contexto, los dos finalistas en la contienda por la silla presidencial deben atender, prioritariamente y fundados en la Ley del Presupuesto, asuntos tan urgentes como los  siguientes:
1.  Nuestra cleptocracia institucionalizada, acá y en el mundo, es la madre de la corrupción. Sobre ella, tengamos presente que el Ministerio Público, con la colaboración de la Cicig, ha trabajado con eficiencia en el ataque a la corrupción. Dicha entidad, como recuerda el Lic. Gabriel Orellana, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, “es una criatura engendrada por Guatemala y las Naciones Unidas...”.  Dicho en otras palabras:
A) El Ministerio Público carece de recursos e infraestructura integral, y necesita del apoyo internacional para combatir la corrupción; y B) Responde con idoneidad, la finalista, Licda. Sandra Torres, cuando define que consultará popularmente, para que Guatemala responda que necesita “un ente parecido a la Cicig”, próxima a vencer su mandato por decisión del presidente Morales, quien, asimismo, decidió, junto a su Gabinete, disolver la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, que era presidida por la fiscal general, María Consuelo Porras, y que había sido creada en 1998, producto de la Firma de la Paz. ¿Cuánto se afectará el combate a la corrupción? Y la opinión del Dr. Giammattei ya todos la conocemos.
Y según Bill Barreto Villeda, Prensa  Libre, 24-6-19;  “La capacidad legal” como una de las subcategorías con la calificación más baja con 3.29 sobre 10 puntos para  Guatemala. Dicho primer estudio latinoamericano sobre la capacidad de los países para combatir la corrupción, arroja a Guatemala en el penúltimo lugar de entre ocho países evaluados, y define que el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por la organización empresarial Américas Society/Council of the Américas (AS/COA) y la firma consultora Control Risks da al país una calificación de 4.55 sobre 10 puntos posibles.
Las tres subcategorías analizadas para dar este punteo incluyen: Capacidad legal, Democracia e instituciones políticas, y Sociedad Civil, medios y sector privado. El índice fue creado para abarcar desde la independencia judicial hasta el entorno de los medios de comunicación social.
2. Y la atención prioritaria de los finalistas debe centrarse en que la mayor privación que tenemos los guatemaltecos, según fuente confiable (Gustavo Arriola, coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, Yahoo.com. Junio 2019), expone que en Guatemala: “en educación es donde hay más carencias, ya que ocho de cada 10 personas viven en hogares con menos años de escolaridad.
Un hogar se considera privado de educación, cuando hay al menos un menor de 17 años que no asiste a la escuela, y no ha alcanzado nueve años de estudio. También, si dentro de la familia un menor de siete años permanece con cualquiera de sus padres en el lugar de trabajo, lo cuidan los vecinos o amigos mientras sus papás laboran, o, en el peor de los casos, permanece la mayor parte del tiempo solo en casa.
La tasa de privación de escolaridad es mayor para la población indígena, que alcanza el 78.5%, mientras que para la población no indígena es del 47.5%. Verdades amargas para nuestro país.   
¿Qué daños y perjuicios produce la falta de cobertura y de calidad educativas? 1. Nos falta competitividad integral idónea, a nivel nacional e internacional. 2. Se incrementa la migración. 3. No estamos capacitados para competir a la copa mundial de futbol; cuando todos los vecinos, más alfabetos, ya lo han hecho. Colofón: Nuestro analfabetismo funcional y profesional es gravoso y dañino para los guatemaltecos, porque hemos carecido de un presidente que enfrente este mal canceroso. Y cuando estamos frente a esa precariedad en materia educativa, la o el próximo presidente de Guatemala ya no tiene excusas para cumplir con lo ordenado por nuestra Constitución política, que en partes conducentes ordena: 
“Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes, sin discriminación alguna. Se declara la utilidad y necesidad pública, la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos. Artículo 72. Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad, y cultura nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. ¡Quien tenga oídos: oiga!

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