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Title: Privatización, afectante de salud, educación y…
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Dr. Mario Armando Cabrera Márquez “Guatemala puede perder 1.5 años de escolaridad por el cierre de escuelas”, como cita la fuente (Ana Luc...


Dr. Mario Armando Cabrera Márquez

“Guatemala puede perder 1.5 años de escolaridad por el cierre de escuelas”, como cita la fuente (Ana Lucía Ola, publicado el 16 de abril de 2021 en Prensa Libre). Agregamos: La privatización de nuestras frecuencias es también responsable de lo citado por la fuente, pues estando Internet privatizado, el atraso observable en educación lo es también en todos los servicios públicos esenciales, como salud, justicia y seguridad, pues, como afirma la fuente (William Oliva y Andrea Domínguez, Prensa Libre, 2-6-21), 69% de guatemaltecos no tiene acceso a Internet… según el INE”.

¿Y qué hacer para enfrentar nuestros males? Entre otras opciones, creemos que es negociable la concesión de nuestras frecuencias para que vuelvan al Estado, y este, por obligación constitucional, atienda lo que le obliga nuestra Constitución Política. El dejar hacer y dejar pasar solo infligirá, aún más, a los guatemaltecos, sedientos de salud, educación, justicia y seguridad, pues la fuente citada afirma: “Al permanecer los centros educativos cerrados por períodos largos el promedio de años de estudios de los guatemaltecos pasaría de 6.3 a 4.8, según análisis del Banco Mundial, en el que hace una simulación del impacto de la pandemia en varios escenarios”.

La fuente agrega: “Guatemala es el segundo país de Centroamérica con el promedio más bajo de años de escolaridad, por detrás de Honduras. La media de años de estudio de los guatemaltecos es de 6.3; a duras penas terminan la primaria. La crisis generada por la pandemia del covid-19 rezaga mayormente, pues se habrá perdido mucho tiempo de escolaridad”.  

Dentro de ese escenario, la carencia de Internet tiene efectos negativos para educación, salud, seguridad, justicia y otros servicios públicos esenciales definibles en el perfil del capital humano, cuestionable en su ingreso al mercado laboral. Ese impacto es observable en países privatizadores de sus frecuencias. Para Guatemala, las consecuencias se verán en escala mayor, partiendo de que quien tiene menos años de escolaridad afectará sus ilusiones y las de sus padres.

Tenemos pocos años de educación, y ahora se reducen más, lo que nos pone en mayor desventaja competitiva, como afirma Jorge Andrés Gálvez, director del Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), citado por la fuente.

Seguimos pregonando, como en nuestras obras de posgrados, que la privatización de nuestras frecuencias y de otros bienes del Estado atenta contra nuestra Constitución, y así lo repetimos en publicaciones y foros idóneos, pues sostenemos que:

  1. El segundo párrafo de su artículo 118 obliga al gobierno a "incrementar la riqueza". Preguntémonos: ¿Cómo incrementaremos la riqueza de Guatemala si la reducimos?        
  2. El literal c) de su artículo 119 obliga al gobierno a conservar y aprovechar recursos naturales. Solo el sector público debe aprovecharlos, a menos que se concesione o explote mediante alianzas público-privadas.
  3. El literal d) de su artículo 119 obliga al gobierno a elevar el nivel de vida de todos los habitantes procurando su bienestar. Preguntémonos: ¿Cómo elevar el nivel de vida de todo si se reduce el patrimonio y riqueza del Estado?
  4. El literal h) de su artículo 119 obliga al gobierno a impedir funcionamiento de prácticas excesivas que concentren bienes y medios de producción. Preguntémonos: ¿En quiénes se concentrarán los medios, recursos, patrimonio y bienes del Estado de Guatemala, si estos fueren enajenados?
  5. El literal c) de su artículo 121 son bienes del Estado, su patrimonio, incluyendo los del municipio y los de entidades descentralizadas y autónomas. Ese patrimonio sectorial y nacional no es enajenable. ¡Quien tenga oídos, que oiga!  

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