Dr. Mario Armando
Cabrera Márquez
“Guatemala puede perder
1.5 años de escolaridad por el cierre de escuelas”, como cita la fuente (Ana
Lucía Ola, publicado el 16 de abril de 2021 en Prensa Libre). Agregamos: La
privatización de nuestras frecuencias es también responsable de lo citado por la
fuente, pues estando Internet privatizado, el atraso observable en educación lo
es también en todos los servicios públicos esenciales, como salud, justicia y
seguridad, pues, como afirma la fuente (William Oliva y Andrea Domínguez,
Prensa Libre, 2-6-21), 69% de guatemaltecos no tiene acceso a Internet… según
el INE”.
¿Y qué hacer para
enfrentar nuestros males? Entre otras opciones, creemos que es negociable la
concesión de nuestras frecuencias para que vuelvan al Estado, y este, por
obligación constitucional, atienda lo que le obliga nuestra Constitución
Política. El dejar hacer y dejar pasar solo infligirá, aún más, a los
guatemaltecos, sedientos de salud, educación, justicia y seguridad, pues la
fuente citada afirma: “Al permanecer los centros educativos cerrados por
períodos largos el promedio de años de estudios de los guatemaltecos pasaría de
6.3 a 4.8, según análisis del Banco Mundial, en el que hace una simulación del
impacto de la pandemia en varios escenarios”.
La fuente agrega:
“Guatemala es el segundo país de Centroamérica con el promedio más bajo de años
de escolaridad, por detrás de Honduras. La media de años de estudio de los
guatemaltecos es de 6.3; a duras penas terminan la primaria. La crisis generada
por la pandemia del covid-19 rezaga mayormente, pues se habrá perdido mucho
tiempo de escolaridad”.
Dentro de ese
escenario, la carencia de Internet tiene efectos negativos para educación,
salud, seguridad, justicia y otros servicios públicos esenciales definibles en
el perfil del capital humano, cuestionable en su ingreso al mercado laboral.
Ese impacto es observable en países privatizadores de sus frecuencias. Para
Guatemala, las consecuencias se verán en escala mayor, partiendo de que quien
tiene menos años de escolaridad afectará sus ilusiones y las de sus padres.
Tenemos pocos años de
educación, y ahora se reducen más, lo que nos pone en mayor desventaja
competitiva, como afirma Jorge Andrés Gálvez, director del Centro de
Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG),
citado por la fuente.
Seguimos pregonando,
como en nuestras obras de posgrados, que la privatización de nuestras
frecuencias y de otros bienes del Estado atenta contra nuestra Constitución, y
así lo repetimos en publicaciones y foros idóneos, pues sostenemos que:
- El segundo párrafo de su artículo 118 obliga al gobierno a "incrementar la riqueza". Preguntémonos: ¿Cómo incrementaremos la riqueza de Guatemala si la reducimos?
- El literal c) de su artículo 119 obliga al gobierno a conservar y aprovechar recursos naturales. Solo el sector público debe aprovecharlos, a menos que se concesione o explote mediante alianzas público-privadas.
- El literal d) de su artículo 119 obliga al gobierno a elevar el nivel de vida de todos los habitantes procurando su bienestar. Preguntémonos: ¿Cómo elevar el nivel de vida de todo si se reduce el patrimonio y riqueza del Estado?
- El literal h) de su artículo 119 obliga al gobierno a impedir funcionamiento de prácticas excesivas que concentren bienes y medios de producción. Preguntémonos: ¿En quiénes se concentrarán los medios, recursos, patrimonio y bienes del Estado de Guatemala, si estos fueren enajenados?
- El literal c) de su artículo 121 son bienes del Estado, su patrimonio, incluyendo los del municipio y los de entidades descentralizadas y autónomas. Ese patrimonio sectorial y nacional no es enajenable. ¡Quien tenga oídos, que oiga!
