Dr. Mario Armando Cabrera Márquez
Nos referimos a las asignadas a Anadie, y
por ello es ocioso todo el patrimonio del Estado presupuestado asignado a
Anadie, creada por el mismo Legislativo y contenidas en el Decreto número 16-2010, Ley de Alianzas
para el Desarrollo de Infraestructura Económica, decretada por el Organismo
Legislativo EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, pues en las actuales
circunstancias dicha entidad, del ámbito del Ejecutivo, deja de operar porque
el Legislativo del Estado no aprueba los proyectos que dicha entidad les somete
para su aprobación, permitiendo al Legislativo convertirse también en Ejecutivo, lo cual viola nuestra
Constitución Política.
En efecto, las posibilidades de que la autopista
a Puerto Quetzal (APQ), proyecto sometido al Legislativo por Anadie para que la
misma se construya con un modelo de alianza público-privada (APP) son cada vez
más lejanas, porque dicho proyecto permanece en una especie de limbo legal, como
afirma acertadamente en un conversatorio virtual el Dr. Román Quezarma, de la
Asociación Promotora de Investigaciones Económico Sociales; criterio congruente
con el de los distinguidos periodistas
Rosa María Bolaños y Douglas Cuevas, de Prensa Libre, en su edición del 7 de
diciembre de 2020, quienes afirman:
“El problema es que el Organismo
Legislativo ni siquiera ha improbado el proyecto, o al menos no de forma
correcta”, criterio también avalado por el exministro de Finanzas Julio Héctor
Estrada. Las fuentes citadas afirman: “Lo que se ha hecho es dormir el proyecto
y dejarlo en el limbo. Es decir, no se puede empezar a ejecutarlo por la empresa
adjudicada por la licitación; tampoco se le puede pagar indemnización, ni se
puede ejecutar como obra del Estado”.
Las fuentes, asimismo, expresan que en el
Legislativo y otros sectores que se dedican a tales obras: “No quieren que
funcione el modelo”, aprobado por el Legislativo, y que, por el contrario, se
desea que proyectos como el de la autopista se contraten con el modelo
tradicional por vía obra pública, un tema que provoca incremento de costos.
Las fuentes consultadas precitadas,
asimismo, afirman que “representantes de sectores consultados señalan que este
es un mensaje que daña la certeza jurídica del país para posibles
inversionistas, en este tipo de proyectos de infraestructura con el esquema de
alianzas público privadas”. Estimamos que el citado esquema es el más idóneo,
porque ataca de frente la corrupción generada por la concesión, y dentro de ese
entorno creemos que es viable considerar reformas a la ley creadora de las alianzas,
para que las mismas se contraten también mediante la sociedad anónima tan
idónea en los ámbitos local e internacional.
En efecto, las citadas alianzas, contenidas
en el Decreto número 16-2010, que crea la Ley de Alianzas para el Desarrollo de
Infraestructura Económica decretada por el Organismo Legislativo el TRECE DE
ABRIL DE DOS MIL DIEZ, deben también utilizarlas alcaldes y funcionarios de
Guatemala, como único instrumento legal capaz de combatir la corrupción generadas
por el uso de la concesión.
Pero, además de usarla, dicha ley debe
fortalecerse por los organismos del Estado y la Universidad de San Carlos, en
cumplimiento de la ley contenida en el artículo 174 de nuestra Constitución
Política, que expedita el uso de iniciativa, y que en partes conducentes
ordena: “Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa
los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia,
la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral”.
Y para ratificar lo dicho, las alianzas
deben fortalecerse, ampliarse y facultar al Organismo Ejecutivo y a la Agencia Nacional de Alianzas para el
Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) como entidad descentralizada
con personalidad jurídica y patrimonio propio, para ampliar su capacidad para
desarrollar las alianzas, para que las mismas sean constituibles mediante
sociedad anónima autorizable por el Escribano de Cámara y de Gobierno, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 36 literal f) de la Ley del
Organismo Ejecutivo. Si deja de hacerse tal reforma legal, dicha ley será
inoperable, como se prueba con el proyecto
de la autopista. ¡Quien tenga oídos: que oiga!
