Frank Bode Fuentes, de la
Contraloría General de Cuentas (CGC), presentó su informe anual al Congreso sin
realizar conferencia ante medios de comunicación. Se limitó a difundir en su portal
los hallazgos detectados en diversas instituciones públicas.
De las auditorías realizadas
resaltan casos como el de Lanquín, una comuna señalada por supuestas anomalías cometidas
durante administraciones anteriores. El ente fiscalizador detectó que se
utilizaron fondos de inversión (obras en su mayoría) para pagar alimentos y
gastos de oficina.
Esto llevó a que la CGC
denunciara ante el Ministerio Público (MP) al alcalde Roberto Pop Pop y su
director financiero, Erick Guerra Paz, por utilizar recursos para otro fin
diferente para el que estaban programados.
Otro caso que encontró la
Contraloría General de Cuentas es la licitación del estadio Santa Lucía, de Q3
millones 299 mil, en Malacatán, San Marcos, donde juega su equipo de fútbol de
la Liga Mayor. Sin embargo, un grupo de vecinos de sociedad civil denunció que
los trabajos ya habían concluido antes de adjudicar el 7 de marzo de 2021.
Aunque luego se anuló el
concurso identificado con el NOG 13870629, la alcaldía fue señalada por falta
de transparencia y denunciada ante el Ministerio Público. Los auditores
accionaron contra el concejo liderado por Emilio Gálvez Pérez por aprobar esa
licitación.
Esto último fue mencionado
por Gálvez como defensa, pero la entidad fiscalizadora confirmó este hallazgo pues
la alcaldía no veló por que se cumpliera con la Ley de Contrataciones. Tampoco
se percataron de que tuviera un acta de inicio al momento de comenzar el
proyecto.
La Contraloría continúa con
la tendencia de disminuir la cantidad de denuncias contra las alcaldías. Esto
comenzó en 2021 cuando pasó de 71 a 20 acciones legales de este tipo. Mientras que
en 2022 se redujo a 18.
