La Misión de Observación
Electoral de Guatemala (MOE-Gt) presentó este martes 30 de mayo su cuarto
informe sobre el proceso electoral, en el cual se incluyó, entre los hallazgos,
el posible uso de recursos públicos para fines electorales.
El reporte detalla que
también se detectaron los resultados del análisis de los informes sobre
financiamiento de los partidos políticos, las tendencias en la cobertura en
medios de comunicación y redes sociales, así como los incidentes de violencia y
conflictividad electoral.
El período de verificación
va desde enero hasta el 15 de mayo de 2023, es decir, se incluye la fase de
inscripción de candidatos y la de campaña electoral.
Con respecto al tema del
financiamiento de campaña y uso de recursos públicos con fines electorales, la
MOE-Gt mencionó que la mayoría de los partidos políticos entregaron sus
informes de abril en tiempo y forma, tanto sobre el uso de financiamiento
público, como de financiamiento privado.
Las únicas agrupaciones que
no entregaron los reportes de financiamiento privado que corresponde a ese
período fueron las agrupaciones Mi Familia, Poder y Winaq.
“El partido político Mi
Familia persiste en el incumplimiento de la entrega de sus reportes desde
enero”, destacó la misión.
Las organizaciones que
registraron mayores gastos de campaña durante abril fueron: Valor, Unionista,
Elefante, Vamos y Creo. Mientras que los de menor gasto fueron: PPG, URNG-Maíz,
PR, PAN, PIN, Podemos y Semilla.
Según la MOE-Gt, se
revisaron los reportes enviados por la Red Nacional de Observadores Electorales.
Estos registraron 21 casos nuevos de posible uso de recursos públicos para
campaña electoral del 9 de marzo al 15 de mayo.
Cinco de los casos, es decir
el 23.8 por ciento, se dieron en eventos sociales en los que se identificó la
participación de trabajadores, bienes o fondos públicos. Además, ocho (38.1%)
se dieron durante la inauguración de obras públicas y también involucraron la
participación de personal público.
En otros tres casos (14.3%)
se evidenció el uso de edificios públicos; y en los otros cinco (23.8%) se
evidenciaron irregularidades como la entrega de regalos probablemente
adquiridos con fondos públicos, el uso de vehículos y mobiliario público.
“También la entrega de
programas del Gobierno Central, eventos sociales realizados con la
participación de trabajadores públicos, entre otros”, destacó la misión.
