Tras pedido de la CIDH y por
presunto complot para matarlo, las autoridades reforzaron la seguridad del
electo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien debe asumir el 14 de enero
de 2024.
Bernardo Arévalo ganó la
presidencia con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, tras una
serie de acciones de la fiscalía para sacarlo de la contienda electoral.
El refuerzo de su seguridad
fue anunciado luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), con sede en Washington, exigió a Guatemala que "adopte las medidas
necesarias para proteger" a
Bernardo Arévalo y a la futura vicepresidenta, Karin Herrera, por
amenazas y "la existencia de dos planes para atentar en contra" de
ellos.
El gobierno dijo en un
comunicado que "los supuestos planes para atentar contra la vida [de
ambos] fueron conocidos el 20 de agosto (...), lo que permitió de forma
inmediata realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección General de la
PNC [Policía Nacional Civil] a efecto de brindar mayores medidas de
seguridad".
La Fiscalía General indicó
que "obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales
de pandillas que podría poner en riesgo la vida" de Arévalo, por lo que
coordinó con la Policía las medidas necesarias.
El triunfo del sociólogo y
diputado socialdemócrata, pone fin a 12 años de gobiernos de derecha, ha
generado malestar en sectores poderosos públicos y privados acusados de
corrupción.
Arévalo, visto como una
esperanza de cambio en el país sumido en la pobreza, la violencia y la
corrupción, obtuvo el 58% de los votos en el balotaje frente a la ex primera
dama Sandra Torres (37%). Torres, también socialdemócrata, pero era percibida
como la candidata del continuismo.
