La
Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país
centroamericano, aseguró este jueves que las autoridades electas en las
elecciones de este año deben tomar posesión en enero, como lo establece la ley.
El
tribunal dictaminó al respecto tras la solicitud de un grupo de abogados que
habían planteado un recurso legal para garantizar la democracia, ante los
intentos del Ministerio Público (Fiscalía) por revertir el triunfo del
presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
La
corte detalló en un comunicado de prensa que respaldó su decisión “conforme su
fin último de preservar el Estado de Derecho”.
De
igual forma, indicó que su dictamen es “oportuno” para “salvaguardar el orden
constitucional” en el país centroamericano.
El
pedido a la corte fue planteado por un grupo de abogados particulares y faltaba
la sentencia definitiva al respecto, oficializada este jueves.
Sin
embargo, la Corte de Constitucionalidad en su sentencia señala que el dictamen
“es sin perjuicio” de cualquier investigación que quiera llevar a cabo la
Fiscalía o de las “facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias
serias” en temas vinculados a los comicios.
El
dictamen del máximo tribunal del país centroamericano supuestamente pondría fin
a los intentos del Ministerio Público por revertir el triunfo de Arévalo de
León en las urnas.
Garantía
de toma de posesión
La
Corte de Constitucionalidad pidió al Congreso este jueves también “garantizar”
la toma de posesión programada para el 14 de enero, y que se encontraba en
riesgo después de que el Ministerio Público pidiera el 8 de diciembre pasado
que se anularan los comicios por supuestas irregularidades administrativas del
tribunal electoral.
Los
magistrados de la Corte de Constitucionalidad también instaron al actual
presidente, Alejandro Giammattei, a “promover la unidad nacional”.
Los
resultados de la votación de este jueves arrojó cuatro magistrados a favor del
dictamen divulgado y uno en contra.
Desde
julio pasado, la Fiscalía ha intentado revertir el triunfo de Arévalo de León,
a quien las encuestas colocaban en octavo lugar y que llegará al cargo con un
fuerte discurso anticorrupción.