¿Por qué surgen las dudas?,
simplemente porque de tantos abogados, la mayoría no tiene la preparación
necesaria para ejercer el derecho, mucho menos para aplicar la justicia pronta
y cumplida. El hecho de que egresen de las universidades, “por montones”, no
significa que se hayan preparado adecuadamente.
Lo lamentable es que, por
ejemplo, una de las universidades privadas, de tantas que han aparecido
fácilmente ahora, fue creada con una sola facultad “Derecho”, solamente para
formar parte de las Comisiones de Postulación (Decreto Número 19-2009).
¿Será que entre tanto traficante
de influencias, explotadores de discrecionalidades, politiqueros inescrupulosos,
de tanta mediocridad en busca de oscuros privilegios, de facinerosos en procura
de conectes en el Estado,
especialmente en el aparato de justicia, para tratar de continuar ahondando
pestilentes propósitos, se logre que a las magistraturas lleguen profesionales
honrados y justos?
Vale la pena buscar los
consensos éticos y los acuerdos de largo plazo, para renovar los estamentos del
Estado, bajo el ojo auditor de la ciudadanía honrada que con sus impuestos
sostiene los tres poderes del Estado. Hay que procurar una Guatemala más
equitativa, con mejores perspectivas de desarrollo, certeza jurídica y
competitividad, que brinde mejores oportunidades para los guatemaltecos y,
sobre todo, la aplicación de una justicia correcta, dándole a cada quien lo que
merece.
Los antecedentes son
nefastos: el pacto entre los extintos partidos Patriota y Líder para definir a
los magistrados que asumieron en 2014 y que, a falta de sucesores electos, se
extendieron hasta 2023, debido a la indolencia o más bien la conveniencia del
oficialismo anterior. A ello se debe que la actual CSJ tenga un plazo límite de
solo 11 meses, que vence el 12 de octubre de 2024.
La elección de nueva CSJ no
es un botín que se reparte entre ladrones, sino un compromiso con la patria, un
deber que vale la pena cumplir a conciencia, sin secretismos ni fajos de
billetes en oscuros cónclaves. Este es el tiempo de la dignidad de la
ciudadanía que defendió su decisión en las urnas: merece una elección de cortes
íntegra, porque ya suficientes fiascos, abusos y retrasos se han padecido.
El procedimiento para la
elección de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y demás
Tribunales debe basarse en la Constitución Política, la Ley de Comisiones de
Postulación, la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Organismo
Legislativo.
Concluimos
las dudas, con una afirmación del licenciado Reynaldo Gálvez: “Las cortes han
sido desde la creación del Estado, el de los reyes, el de la iglesia y el de
los nobles, un botín apetecido, porque el que controla el derecho es quien
maneja el timonel del barquito de papel”. ¿La justicia? Ese es otro tema.
