BBC News Mundo, abril 2025. Kilmar Ábrego García se ha convertido en un símbolo para quienes denuncian arbitrariedades en las deportaciones del gobierno de Trump y se encuentra en el centro de un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial en EE. UU.
Ábrego es un trabajador de la industria
metalúrgica y padre de familia salvadoreño que vivía en el estado de Maryland
con su esposa y sus hijos hasta que, a mediados de marzo, fue detenido y
enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión de El
Salvador.
El gobierno de Trump expulsó a Ábrego del
país junto a un grupo de más de 250 migrantes indocumentados que, según
alegaron, pertenecían a las bandas criminales Tren de Aragua y Mara Salvatrucha
(MS-13), aunque no aportaron pruebas al respecto.
Días después, ante un tribunal federal en
Maryland, un alto funcionario de EE. UU. reconoció que la deportación del
salvadoreño se trató de "un error administrativo".
Desde 2019, Ábrego contaba con una
garantía llamada "suspensión de remoción", que le impedía al gobierno
de EE. UU. devolverlo a su país de origen.
En consecuencia, el pasado viernes la
jueza federal Paula Xinis ordenó devolver a Kilmar a EE. UU. a más tardar en la
medianoche de este lunes.
La administración Trump reaccionó diciendo
que esa orden excede tanto el poder de la jueza como el del gobierno de EE. UU.,
pues Ábrego García se encuentra ahora bajo custodia del gobierno de El
Salvador, y le pidió a la Corte Suprema que suspendiera la orden judicial.
"Bajo esa lógica (la de la jueza
Xinis), las cortes de distrito tendrían efectivamente jurisdicción
extraterritorial sobre las relaciones diplomáticas de EE. UU"., argumentó el gobierno ante la Corte Suprema.
De acuerdo con documentos judiciales,
Kilmar llegó indocumentado a Estados Unidos en 2011. Tenía 16 años.
Según su abogado, Simón
Sandoval-Moshenberg, llegó al país huyendo de las amenazas en su contra de las
pandillas en El Salvador. "Desde 2006, miembros de las pandillas lo habían
acosado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo con el objetivo de
coaccionar a sus padres para que sucumbieran a la extorsión".
Sandoval-Moshenberg afirma que Ábrego no
tiene ninguna afiliación con el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) ni
ninguna otra pandilla. "El gobierno de EE. UU. no ha presentado ni la más
mínima prueba que sustente su acusación infundada".