Por: Dr. Mario Armando
Cabrera Márquez
Como recogen los medios, preocupa la detención y procesamiento de
fiscales del Ministerio Público; y la denuncia del exfiscal Ricardo González en contra de la fiscal general y del
Lic. Julio César Cordón Aguilar, secretario de política criminal del Ministerio
Público, sindicándoles de ABUSO DE AUTORIDAD, DENEGACIÓN DE JUSTICIA Y
OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA.
En su defensa, la fiscal general afirma que: “El Ministerio
Público es una institución objetiva, imparcial y sin ningún sesgo que incida
en las labores investigativas y analíticas que realizan todas
las fiscalías, por lo que se hace un llamado a la población a tener plena
confianza y certeza en la labor que se desarrolla. Se reafirma el compromiso
con la ciudadanía para promover una PERSECUCIÓN PENAL OBJETIVA, IMPARCIAL Y
APEGADA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PARA GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA Y EL
ESTADO DE DERECHO”, puntualiza la fiscal general. (Prensa Libre,
16-10-19)
Tal situación genera perplejidad sobre el funcionamiento de dicha
institución, a la que se refiere nuestra Constitución Política, que en partes
conducentes ordena: “Artículo 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración
pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales
son velar por EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL PAÍS.
….. el Fiscal General ….. le corresponde el EJERCICIO DE LA ACCIÓN
PENAL Pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las
mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será
nombrado por el presidente de la República…”
Lo expresado por la fiscal general tranquiliza
a los guatemaltecos, pues toda denuncia deficientemente presentada e
investigada con precariedad afecta a las personas y genera comentarios tan
puntuales como los apuntados por el abogado Eduardo Mayora, columnista de
Prensa, quien en este mes de octubre apunta:
La falta de justicia permite a un poderoso abusar de un débil, a un
estafador engañar a un ingenuo, a un extorsionista amenazar a un indefenso, a
un corrupto parasitar de los caudales públicos, a un negligente escapar de su
culpa, a un mafioso florecer en sus negocios sucios, todos ellos, impunemente.
Cada uno de esos casos tiene una víctima concreta e inmediata que, sin
justicia, tiene que tragarse ofensas, pérdidas e injurias… hasta el día en que
decide, mejor, pagarle a un coyote y emigrar. La falta de justicia permite la
irresponsabilidad, la prepotencia y la indolencia en el manejo de los asuntos
públicos. Facilita, en los negocios privados, la imposición abusiva de
condiciones, el engaño, y la imprudencia.”
Confiamos en lo dicho por la fiscal
general, y exhortamos al nuevo gobierno a fortalecer la institucionalidad
integral del Ministerio Público, y que todo su personal sea capacitado para
desarrollar la investigación idónea que conduzca al fortalecimiento de la
justicia, y de esa manera la gente honrada e inocente pueda dormir tranquila.
¡Quien tenga oídos: que oiga!
