Por EFE
Un tribunal guatemalteco
condenó este lunes a 30 años de prisión a cinco paramilitares acusados de
violar a 36 mujeres indígenas achí entre 1981 y 1985, durante el período más
sangriento del conflicto armado interno (1960-1996).
"Imponemos a los acusados
la pena de 30 años de prisión por el ilícito de delitos contra los deberes de
humanidad", expuso el juez Gerbi Sical al leer la sentencia del Tribunal A
de Mayor Riesgo del Organismo Judicial guatemalteco.
Sical y los dos magistrados
más que forman parte del tribunal tomaron su decisión después de 19 días de
debate oral y público en contra de los cinco paramilitares.
Los condenados a 30 años de
prisión son Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum
Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino.
Los cinco formaban parte de
las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército
en el conflicto armado interno en Guatemala.
Dicha guerra civil dejó más de
245.000 personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento de ellos a
manos del Estado según organismos internacionales.
La Sentencia:
El juez añadió este lunes que
con "esta sentencia dejamos constancia" del "valor y derechos de
las mujeres achí" al hacer "públicas las violaciones de las que
fueron objeto" en medio del conflicto armado interno.
"Como tribunal",
resaltó Sical, "consideramos que las víctimas fueron sometidas a
violaciones generalizadas y esclavitud doméstica".
El juez también validó a los
testigos y peritos presentados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía), cuyos
argumentos y señalamientos fueron "coherentes" en opinión del
tribunal.
Entre los peritos se
encuentran el exmilitar peruano Clever Alberto Pino Benamú y las antropólogas
guatemaltecas Aura Cumes e Irma Velásquez.
Las violaciones de las 36
mujeres indígenas achí tuvieron lugar en el cuartel militar de Rabinal en el
departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala,
desde 1981 hasta 1985.
Las mujeres tenían entre 12 y
52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas habían
cuatro menores de edad, de acuerdo a la Fiscalía.
Los detenidos estaban acusados
de los delitos contra deberes de humanidad y usurpación del estado civil,
cargos de los que se habían declarado inocentes.
"Las Patrullas de
Autodefensa Civil estaban bajo el mando de El Ejército de Guatemala",
subrayó el juez Sical durante su lectura de la sentencia.
El 20 de enero, en una
conversación con periodistas, Teresa Cacaj, una de las víctimas de las
violaciones, afirmó que pese a sentirse enferma y decaída aún podía
"luchar un poco" en busca de justicia.
En las afueras de la Torre de
Tribunales, en el Centro de la Ciudad de Guatemala, unas 50 mujeres se unieron
durante toda la jornada de este lunes para seguir virtualmente el juicio y
acompañar a las víctimas, además de exigir justicia.
