La organización de defensa de
los derechos humanos, “Human Rights Watch”,
(HRW) pidió este lunes a los diputados guatemaltecos que rechacen la iniciativa
de ley 5940 que “estigmatiza a las personas transgénero como un colectivo que corrompe
y perjudica la niñez”.
Según explica la ONG en un comunicado,
dicha iniciativa de ley, impulsada por un grupo de legisladores, justifica la
supuesta necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes de “trastornos de
la identidad de género”.
“La iniciativa 5940 no tiene
fundamento científico (…) Los legisladores deberían promover la tolerancia, en
vez de degradar a una minoría vulnerable; considerando los altos niveles de
violencia contra las personas trans que se observan en Guatemala”, aseguró el
investigador sobre derechos de personas LGBTI+ de HRW, Cristian González
Cabrera.
HRW explica que los 21
diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología dieron luz verde
por unanimidad al proyecto el pasado diciembre. Ahora, la iniciativa será
tratada por el pleno del Congreso, antes de ser votada.
La ONG subraya que “la nueva
clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial
de la Salud, que entró en vigencia en enero de 2022, elimina el
‘transexualismo’ y el ‘trastorno de identidad de género’ como ‘trastornos
mentales'”.
Además, insiste en que el derecho internacional establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación sexual integral.
Iniciativa
5940
Entre otras cuestiones, la
iniciativa 5940 obligaría a los medios de comunicación a clasificar todos los
materiales relacionados con la identidad de género como no aptos para menores;
una medida que para HRW “no solo denigra a las personas transgénero, sino que
además podría violar el derecho de la libertad de expresión”.
Para González, los
legisladores, en lugar de “infundir pánico moral demonizando a las personas
LGBT, deberían aprobar leyes contra la discriminación y contra el odio
orientadas a contrarrestar la violencia generalizada”.
Asimismo, instó a los
diputados a reivindicar “el derecho de niños, niñas y adolescentes a una
educación integral en sexualidad; que puede proteger la salud y promover la
tolerancia. Además, ayudar a prevenir la violencia de género, incluso contra
minorías de género y sexuales”.
