El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio su respaldo a Ramiro Muñoz Jordán, director del Registro de Ciudadanos (RC), y al resto del personal que labora en la institución, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó una investigación al Ministerio Público (MP) por posibles delitos que dejan entrever en el expediente del partido Prosperidad Ciudadana.
"Corresponderá a ellos (MP) remitir una notificación y me parece que ya les notificaron", respondió la magistrada presidenta, Irma Elizabeth Palencia, en referencia a la decisión del máximo órgano constitucional.
También recordó "esto está desde el RC hacia unas de sus dependencias, pero es una instancia que está debajo del TSE y correspondería a ellos hacer la investigación". Asimismo comentó que están sujetos a la Ley como cualquier ciudadano y funcionarios por nuestros actos. "Le corresponde al ente investigador hacer lo que crea conveniente", manifestó.
Palencia dijo que respaldar "de alguna manera" al director del RC es ambiguo. "Respaldamos a todos nuestros funcionarios y empleados públicos, así tengan un cargo alto, mediano o bajo, todos son parte de nuestro equipo", afirmó.
También "el que estén sujetos a cualquier investigación no quiere decir que no estemos apoyándolos, porque en este momento estamos en la recta final, falta menos de un mes para las votaciones y nosotros no estamos dirigiendo nuestro tiempo, esfuerzo y ánimo hacia esos temas que no nos corresponden a nosotros, sino que agotando las etapas de la logística electoral y tener todo listo para el 25 de junio", enfatizó Palencia.
El 26 de mayo, la CC avaló el amparo temporal que dejó fuera de los comicios 2023 a Carlos Pineda y a todos los candidatos del partido Prosperidad Ciudadana.
Los magistrados concluyeron que la Fiscalía debe iniciar pesquisas porque se desprende que se habrían registrado acciones que "ameritan una investigación que corresponde a las autoridades del ámbito penal".
"Este Tribunal estima que la serie de
señalamientos que obran en el expediente formado por la acción constitucional
que se conoce, ameritan una investigación que corresponde a las autoridades del
ámbito penal, razón por la cual, es pertinente certificar lo conducente al
Ministerio Público, a efecto de que lleven a cabo las acciones que de
conformidad con la ley le corresponden, para actuar contra quien pudiera
resultar responsable de actividades ilícitas", concluye la resolución de
la Corte de Constitucionalidad, tras argumentar por qué rechazó la apelación
contra el amparo provisional que dejó sin efecto la participación de 1,200
candidatos del partido Prosperidad Ciudadana, entre ellos, Pineda.