Diferentes sectores sociales del país,
así como profesionales constitucionalistas y algunos observadores
internacionales del proceso electoral, han llegado a la conclusión de que una
crisis constitucional sacude a Guatemala en la lucha electoral por el poder.
La Ley Electoral y de Partidos
Políticos, ley de carácter constitucional, ha sido violada flagrantemente,
inclusive por instituciones que deben velar por el cumplimiento y respeto a las
leyes del país.
Es la Corte de Constitucional (CC) la
llamada, en estos momentos, a actuar como corresponde para enderezar la
legalidad e institucionalidad del país al conocer de inmediato todas las
acciones presentadas ante los togados.
El TSE denuncia
violencia a derechos políticos por el MP
Una vez más, una fiscalía que no tiene
competencia llegó a los salones 8 y 9 del Parque de la Industria, donde abrió
160 cajas con las papeletas electorales de la primera vuelta para investigar el
supuesto “fraude” que denunciaron Sandra Torres y su partido, Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE).
De acuerdo con constituyentes, la acción
de los fiscales, liderada por Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, es un
rompimiento constitucional, lo que precede a un golpe de Estado técnico, ya que
las cajas nunca se han abierto sin la presencia de las Juntas Receptoras de
Votos ni de los fiscales de las agrupaciones políticas.
La autorización del allanamiento en el
Registro de Ciudadanos fue hecha por el juez Fredy Orellana y autorizaba a los
fiscales a hacer el cateo hasta por 15 días y secuestrar computadoras y
celulares, para “continuar con la investigación”.
Además, misiones electorales y
organismos internacionales mostraron su preocupación por no respetar la
voluntad de la población.
No
se responsabilizan
El actuar de la fiscal general,
señalaron los magistrados del ente electoral, va más allá de una investigación
porque no respeta la voluntad expresada en las urnas. A la vez, es una
violación a los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos.
La presidenta de TSE, Irma Palencia,
resaltó que fue “grotesco” observar las papeletas de una caja electoral en el
suelo, ya que no dieron la autorización para abrirla, lo cual no se garantiza
por el tratamiento que los fiscales le den a la documentación.
Sin embargo, Palencia evitó mencionar
las acciones legales que tomarán. Pero resaltó que las autoridades electas para
presidencia, diputados y alcaldes no podrán cambiarse, ya que se adjudicaron
los cargos.
Asimismo, los magistrados Blanca Alfaro
y Gabriel Aguilera le hicieron un llamado a la fiscal general para actuar
conforme a la ley y estar “vigilante” de la ley.
Piden
renuncia a jefa del MP
El presidente y vicepresidenta
electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, solicitaron públicamente, una vez
más, la renuncia de la jefa del Ministerio Público y del juez Orellana, así
como de Curruchiche y Monterroso.
En caso de no escuchar la
demanda ciudadana, Arévalo anunció que solicitarán el retiro de la inmunidad de
Porras y Orellana. También presentarán una querella contra los fiscales de la
FECI por acciones violatorias a la Constitución.
El presidente electo instó a
los funcionarios a no acatar órdenes ilegales, y pidió el acompañamiento de la
población.
Incongruencias
del MP
El jefe de la Fiscalía
Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, argumentó que derivado
de la denuncia por anomalías, que no han sido confirmadas, verificarán las
cajas electorales. No obstante, el ente electoral recalcó que en la orden
judicial no se detalla que se pueden abrir las cajas, lo cual sería una
ilegalidad. El fiscal también negó que dicho caso estuviera vinculado a la
investigación contra el Movimiento Semilla, pero contiene el mismo número de
investigación.
Derivado de las acciones del
MP, el gobierno electo suspendió continuar con el proceso de transición, pero
el presidente Alejandro Giammattei lamentó la decisión, ya que fue un proceso
ajeno.
“Las acciones del MP y la
orden judicial, con especial gravedad, representan una intromisión de
autoridades con competencia en materia penal. En asuntos de competencia
constitucional, regulados, exclusivo y especializado, en los procedimientos y
normas que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ninguna fiscalía
ni juez son competentes”, Misión de Observación Electoral Guatemala.
“Estas acciones constituyen
una prueba más de que el MP, lejos de ajustar sus acciones a los estándares
democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso
electoral y de intimidación a las autoridades electorales. Al personal
electoral y a las miles de personas que con compromiso llevaron adelante las
dos jornadas de votación”. Organización de los Estados Americanos (OEA).
