La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por "diversas
acciones que buscan deslegitimar y amedrentar a quienes se manifiestan en
Guatemala", por lo que instan al Estado de Guatemala a garantizar el
derecho a la protesta y a la manifestación pacífica, en el contexto de las
manifestaciones y bloques en los que ciudadanos exigen la renuncia de la Fiscal
General del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras
Uno
de los puntos que criticaron fue la decisión de la Corte de Constitucionalidad
(CC) que obliga a accionar con fuerza en contra del plantón que está frente al
Ministerio Público (MP) desde el 2 de octubre, hecho que, según la CIDH
"tiene como efecto limitar el derecho a la protesta".
"El
Estado debe respetar y garantizar el derecho de reunión pacífica, y todos los
derechos que se ponen en riesgo, como los de la vida e integridad de las
personas manifestantes", publicaron en un comunicado.
Según
la CIDH y la RELE quienes realizaron un monitoreo en las manifestaciones de
Guatemala, indicaron que "observan que el legítimo reclamo y descontento
de la población ha sido expresado de manera pacífica en movilizaciones
sociales, bloqueos de rutas y otros actos de protesta en el espacio público y
frente a los edificios de instituciones estatales".
No
obstante, han recibido denuncias sobre "acciones que buscan limitar el
ejercicio del derecho a la protesta, en un clima de creciente tensión
social", como "las declaraciones estigmatizadas y amenazas de
criminalización provenientes de las más altas autoridades, así como agresiones
y amenazas de particulares contra quienes se manifiestan en distintas partes
del país, entre ellas, personas indígenas, defensoras y periodistas".
"Ante
la coyuntura actual, la CIDH y la Relatoría considera imperativo que se aborden
las demandas legítimas de la población, por lo que la mesa de diálogo y el
proceso de mediación que se desarrolla con el apoyo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) constituye una vía idónea", subrayaron.
Además solicitan al Estado de Guatemala su
anuencia para realizar una visita al país, "dada la situación actual y sus
efectos en los derechos humanos".
