La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional advirtió este lunes 24 de junio sobre el crítico deterioro de las libertades cívicas en Latinoamérica y urgió a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se esfuerce para proteger la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la participación en los asuntos públicos, entre otros derechos fundamentales.
En un comunicado, la organización
subrayó que esta reducción del espacio cívico afecta y amenaza especialmente a
los defensores de los derechos humanos, incluidos colectivos y organizaciones
de base, a los periodistas y a las personas percibidas como opositoras
políticas.
“Las y los jefes de Estado reunidos en
esta Asamblea deben adoptar de inmediato medidas concretas y urgentes para
asegurar que la libertad de expresión, el derecho a la protesta, y la
participación en los asuntos públicos, entre otros, se conviertan en derechos
plenamente garantizados y no en meras promesas vacías”, dijo Ana Piquer,
directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En la carta, publicada en vísperas de la
54ª Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA, que se celebra en
Asunción, AI también solicita a los Estados Miembros que elijan a personas de
sólidas credenciales en materia de derechos humanos entre los candidatos a los
tres puestos vacantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo
tribunal en la materia.
Deben basarse en los principios de
idoneidad, imparcialidad e independencia, tal como lo establece la Resolución
de esta Asamblea General del año 2022, AG/RES 2991 (LII-O/22).
"Las Américas continúa siendo un
lugar peligroso para personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
quienes frecuentemente identifican a autoridades como fuente del riesgo o que
actúan en contubernio con terceros actores. Por otra parte, en diversos países del
continente, los Estados hacen uso excesivo e innecesario de la fuerza,
incluidos medios letales, para reprimir a quienes se manifiestan", explica
AI.
"A la vez, las crisis políticas,
humanitarias y económicas de varios países de la región hacen que la ciudadanía
huya en busca de protección internacional fuera de sus países de origen",
agrega.
Al hilo de estos argumentos, poner como
ejemplo estados como El Salvador, Nicaragua y Venezuela cuyos "gobiernos
implementan medidas legales e institucionales para reprimir a grupos de la
sociedad civil y así silenciar las críticas, intensificando la amenaza
existente sobre el derecho a la libertad de expresión".
“Los avances en derechos humanos
impulsados por la Corte Interamericana son invaluables. Sus fallos han llevado
a muchos Estados a desarrollar políticas públicas y legislación nacional que
fortalecen, promueven y protegen los derechos humanos en la región”, dijo
Belissa Guerrero Rivas, coordinadora de incidencia para las Américas de
Amnistía Internacional.