En los últimos tiempos ha surgido una
situación muy preocupante en los sistemas democráticos del mundo: la
judicialización de los procesos políticos. Esto hace referencia al uso de los
tribunales comunes del sistema judicial para resolver disputas que deben ser
normalmente gestionadas dentro del marco político; en el caso de Guatemala, dentro
del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En algunos casos, este proceso puede ser
necesario para defender el Estado de derecho; sin embargo, su creciente
tendencia plantea serios peligros para la estabilidad democrática en cualquier
país, y la salud de las instituciones encargadas del manejo y control de la
política de las naciones.
El principal riesgo de la
judicialización de la política es que convierte a los tribunales en actores
políticos. En lugar de limitarse a interpretar las leyes y garantizar su
cumplimiento, los jueces se ven obligados a tomar decisiones sobre cuestiones
eminentemente políticas, como la legitimidad de reformas constitucionales, la
implementación de políticas públicas o incluso la destitución de líderes
electos.
Esto no solo compromete la neutralidad
del sistema judicial en cualquier caso que se le presente, sino también
debilita la capacidad de los actores políticos para resolver los conflictos por
medios democráticos, en este caso el diálogo y la negociación.
Cuando los partidos políticos o
cualquiera de sus miembros recurren a los tribunales para lograr lo que no
pudieron alcanzar en las urnas o en el ámbito legislativo, se genera una
peligrosa tendencia a trasladar el conflicto político a una arena que no está
diseñada para gestionarlo.
En lugar de fomentar el diálogo y la
negociación entre las fuerzas políticas, la judicialización tiende a polarizar
a la sociedad, agravando tensiones que ya son evidentes en el espacio público y
conocidas entre la ciudadanía.
Cuando los jueces empiezan a desempeñar papeles
que son tradicionalmente responsabilidad de los legisladores o de los
gobernantes y del TSE, se produce un desequilibrio que mina el sistema y
constantemente se cae en inconstitucionalidades.
La aceptación constante de la
judicialización fácilmente puede llevarnos a que los políticos deleguen su
responsabilidad en los jueces, eludiendo su obligación de resolver los
conflictos políticos a través de medios democráticos.
El peligro más grave de la
judicialización de los procesos políticos es la potencial crisis de legitimidad
que genera. Si el Poder Judicial asume un papel excesivamente activo en la
política, se corre el riesgo de perder la confianza pública. Las decisiones
judiciales comienzan a verse como resultado de intereses partidistas o como
mecanismos para favorecer a un grupo político en particular.
Los ciudadanos, en lugar de ver a los
jueces como árbitros neutrales de la ley, comienzan a percibirlos como actores
políticos, con agendas particulares. Esta falta de confianza en la justicia
tiene consecuencias devastadoras para la cohesión social, ya que fomenta la
percepción de que el sistema está manipulado y que la ley ya no es un marco de
referencia común para todos.
Para evitar la judicialización de casos
puramente políticos, es esencial que quienes se dedican a hacer política y los
ciudadanos comunes comprendan la importancia de resolver los conflictos dentro
de los marcos políticos existentes y, sobre todo, respetar la supremacía del
TSE, institución que debe ser fortalecida y no desbaratada, como lo quieren
hacer con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
