Datos
oficiales detallan que durante el pasado año los casos de trata de personas en
Guatemala aumentaron un 23 por ciento con relación al periodo anterior, con un
total de 673 hechos reportados, sin embargo se estima que la cifra real podría
superar las 20 mil víctimas, denunció la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)
en un informe presentado este martes.
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| Presentación del "Informe de Situación sobre Trata de Personas en Guatemala" |
El
Ministerio Público (MP) recibió durante ese periodo 673 denuncias por trata de
personas, lo que equivale a dos expedientes por día y evidencia que por cada
100 mil habitantes, cuatro son víctimas de este flagelo.
Mientras
que la Procuraduría registró 65 denuncias, entre éstas cuatro per mendicidad,
36 por explotación sexual, 15 por explotación laboral, una por venta de
personas, una más por pornografía y cuatro preventivas.
El
incremento en los casos no necesariamente significa un aumento en las
actividades delictivas de trata de personas, pero sí representa un avance en la
detención y rescate de posibles víctimas de este fenómeno, señaló la
Procuraduría.
La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que por cada víctima que se
rescata, otras 30 se encuentran ocultas en las redes del crimen, por lo que
puede indicarse que en Guatemala existen unas 20 mil 190 víctimas ocultas, cita
el estudio de la PDH.
Los
resultados de este informe corresponden a una investigación realizada por la
Defensoría de Personas Víctima de Trata, el que destaca que la población más
vulnerable son los adolescentes de 13 a 17 años.
Según
los datos del MP el 68 por ciento de las víctimas por trata son mujeres, en 456
casos, mientras que los hombres en el 32 por ciento de los hechos, con 217
víctimas.
Los
registrados detallan además que la mayoría de afectados son las personas
adultas de entre 18 a 60 años (22 por ciento), seguidas por las adolescentes
entre 13 y 17 años (20 por ciento) y los niños entre 0 y 12 años (10 por
ciento).
En
el 48 por ciento de los casos se desconoce la edad de las víctimas, lo que a
criterio de la PDH perjudica la efectiva ejecución de campañas de
sensibilización, así como la correcta planificación de programas de prevención.
