Los ciudadanos guatemaltecos elegirán el
próximo 25 de junio al nuevo presidente, en unas elecciones tensionadas por
denuncias de fraude tras la exclusión de varios aspirantes por parte de un
oficialismo acusado de querer consolidar un sistema autoritario, según observadores
y analistas políticos.
En las Elecciones Generales se
definirá a su nuevo presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20
al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 alcaldes municipales para el
periodo 2024-2028, en una contienda con mucha desconfianza y tensión por
denuncias de fraude tras la exclusión de algunos aspirantes a ocupar cargos
públicos.
El pasado 21 de mayo, la
Unión Europea (UE) emitió un comunicado donde externó su “preocupación” por las
suspensiones de candidaturas electorales de aspirantes presidenciales en
Guatemala, e instó a las autoridades del país a no “obstruir” su registro.
La última suspensión fue la
del empresario Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas presidenciales, excluido
por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo del Organismo Judicial.
Ahora su única esperanza es que la Corte de Constitucionalidad resuelva una
apelación a su favor.
Durante el proceso
electoral, las cortes de Guatemala también excluyeron de la contienda a la
líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y al empresario Roberto Arzú.
Los centros de monitoreo y
analistas han advertido que las autoridades electorales aún no han contratado a
un jefe de informática, quien debe ser el responsable legal de la transmisión
de los datos el día de la votación.
Además, fueron admitidos al
menos una docena de candidatos que en el pasado han sido juzgados por diversos
delitos, que van desde lavado de dinero hasta homicidio, cinco diputados que
han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por
actos de corrupción también fueron aceptados para que busquen su reelección en
el Congreso.
Analistas y políticos vetados
consideran que el “fraude” no se basa en manipular los resultados, sino en
imponer candidatos para mantener cooptado el Estado.
Con la expulsión de
candidatos por la justicia, lo que se pone en “peligro” es “el Estado de
derecho, la democracia y las garantías y libertades para toda la población”,
dijo el director de Acción Ciudadana, Edie Cux.
El vetado candidato a
vicepresidente y exómbudsman, Jordán Rodas, afirmó que en el país se está
cometiendo una nueva modalidad de “fraude electoral” por el involucramiento del
“Estado por medio de la estructura orgánica judicial” para excluirlos. Rodas no
fue inscrito al ser denunciado por un supuesto acto de corrupción, y al
defenderse, sus apelaciones fueron rechazadas por la justicia.
La ONG Oficina en Washington
para América Latina (WOLA) considera al sistema judicial guatemalteco como el
“brazo represivo que busca asfixiar y estrangular” a opositores.
“En Guatemala hay “una
dictadura corporativa con intereses económicos, de corrupción e incluso del
crimen organizado”, declaró el exrelator de libertad de expresión de la ONU,
Frank La Rue, quien comparó la situación con una obra de teatro. “Se ve al
director que es el presidente y cómo mueve sus piezas, pero lo que no se ve es
quién escribe el guion y quién financia la obra. Estamos yendo hacia un modelo
mucho más autoritario con consecuencias muy severas”, alertó.
El país también enfrenta
denuncias de ataques a la libertad de expresión por el arresto de Jose Rubén
Zamora, dueño del diario “elPeriódico”, quien enfrenta un polémico juicio por
lavado de dinero.
