El Grupo de Expertos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) habló sobre la problemática en Nicaragua y denunció
este martes 12 de septiembre, una “escalada” de la persecución a la disidencia
y la supresión de las instituciones académicas independientes por parte del
gobierno de Daniel Ortega.
Un informe del Grupo presentado por el
director alemán Jan- Michael Simón, en la sesión del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra registró “una nueva ola de violaciones de derechos
humanos en Nicaragua durante los últimos seis meses”, la cual “ha sofocado
gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución”.
El informe denunció que opositores y
defensores de derechos humanos “enfrentan severas presiones” para abandonar
Nicaragua “a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y
privados”, así como “criminalización continua” y “detenciones arbitrarias”. También
señaló que los actores religiosos, en particular la Iglesia católica, “son cada
vez más el blanco de ataques”.
Agregó que “una vez en el extranjero
(los perseguidos por el gobierno) se han enfrentado a la privación arbitraria
de su nacionalidad, la confiscación de bienes, y sus familiares en Nicaragua
han sido expuestos a intimidación”.
Destacó igualmente que el gobierno “ha
intensificado su persecución de las universidades” y ha cancelado la
personalidad jurídica de 27 instituciones de educación superior, cuyos bienes
ha confiscado. “Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no
cuenta con instituciones independientes”, alertó.
Los expertos pidieron al gobierno de
Nicaragua que permita el acceso de organismos neutrales e independientes, como
el Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros “donde se encuentran
retenidos opositores reales o supuestos”.
La actual crisis política en Nicaragua comenzó
tras las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que fueron
reprimidas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 355
muertos, más de 2000 heridos y al menos 100 000 exiliados en los meses
posteriores a la rebelión.
En marzo de 2022, el Consejo de Derechos
Humanos decidió establecer el Grupo por un período de un año para emprender
investigaciones independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos
de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde 2018. En abril de este año,
durante una sesión del Consejo, se renovó el mandato del Grupo por dos años
más.
Entre sus recomendaciones,
la Oficina el Alto Comisionado instó al gobierno de Ortega a “liberar de
inmediato” a todos los detenidos arbitrariamente (la oposición registraba 89
presos políticos hasta el pasado 31 de agosto), restituir la nacionalidad a
todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todos los
nicaragüenses que deseen regresar al país.
