El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), admitió este 10 de junio el desplazamiento de miles de
residentes que fueron expulsados por la fuerza desde un pueblo del sur de
México.
López Obrador expuso que los residentes
huían de la violencia en un pueblo en el sureño estado de Chiapas, y dijo que
las autoridades trabajan para que las más de 4000 personas que tuvieron que
huir regresen a sus casas.
Según la fiscalía de Chiapas, los
residentes de la ciudad de Tila huyeron después de que grupos armados
protagonizaron intensas balaceras y quemaron muchas casas durante los días
previos. Algunos residentes contaron que pasaron días atrapados antes de que
las tropas del ejército y la policía estatal aparecieran y pudieran salir.
López Obrador describió el evento como
“un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado,
pero es el mismo pueblo”. Aseguró que “se logró proteger a muchas familias” una
vez que el ejército llegó.
El mandatario también expresó que se
estaban suministrando alimentos a los campamentos, que la situación ya se había
calmado y que el gobierno estaba haciendo gestiones para que los desplazados
pudieran volver a sus casas.
Víctor Gómez, habitante de Tila, contó a
la AP que su casa fue quemada y que intentaron asesinarlo. Huyó junto a otros
11 miembros de su familia después de estar “más de 72 horas en asedio, con
casas quemadas, intimidaciones...”.
“Hay mucha gente que estaba enferma,
muchos salieron con lo que tienen, sin dinero, sin ropa, dejaron todos sus
bienes, todas sus pertenencias”, agregó Gómez vía telefónica.
El Centro de Derechos Humanos Digna
Ochoa afirmó que un grupo autodenominado "Los Autónomos" estaba
detrás de la violencia y lo relacionó con el narcotráfico. La fiscalía estatal
confirmó la muerte de al menos dos personas y el incendio de al menos 17
edificios la semana pasada. También se ha culpado a las bandas de extorsionar a
los residentes para que paguen por su protección y de bloquear carreteras.
La batalla entre cárteles de la droga
rivales –el de Sinaloa y el de Jalisco se disputan el control de las rutas de
todo tipo de tráfico ilegal en esa zona– ha afectado a varios municipios de
Chiapas cercanos a la frontera con Guatemala, ya que la zona es una ruta
principal para el contrabando de drogas y el paso de migrantes irregulares.
