Según la Policía Nacional Civil (PNC), los
delincuentes registran los vehículos a nombre de otras personas, lo que
dificulta las investigaciones de varios delitos cometidos a bordo de estos
vehículos que funcionan sin ningún control de las autoridades de tránsito y
Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Los hechos delictivos por parte de
conductores de taxis no registrados o “piratas” continúan, y los delincuentes
buscan ganar más territorio en la metrópoli mediante amenazas a conductores
autorizados, según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la cual
asegura que existe un subregistro de víctimas de robos y abusos que prefieren
no denunciar.
Videos en redes sociales muestran los
accidentes que provocan estos vehículos y los hechos delictivos que se cometen
en los mismos, por lo que la PDH aboga con las instituciones encargadas del
tema para que se busque una solución.
Edgar Guerra, delegado de la Defensoría del
Usuario del Transporte Público, adscrita a la PDH, dice que el problema ya es
“incontrolable”, y recomienda mejorar el transporte público, exigir la
regularización de los taxis y que las autoridades policiales tomen acciones
efectivas.
También afirma que previo a la pandemia del covid-19
emitieron recomendaciones a las municipalidades del Departamento de Guatemala
para que ese tipo de movilidad fuese regulado. Sin embargo, el problema se
agravó debido a la falta de transporte.
“Ya no
hay transporte público; en San Miguel Petapa hay unos buses de Ticalsa y otros
de Transurbano, pero son escasos; de los que van de Villa Hermosa para el
Trébol solo circulan como tres unidades, y en Chinautla ya no tienen ningún bus
del Transurbano”, afirma.
Con base en reuniones sostenidas con
asociaciones de taxistas autorizados, se tiene información de que estos son
desplazados por pilotos de taxis piratas, porque quieren ganar más territorio,
y los más afectados son los que cubren los sectores de las zonas 12 y 21 hacia
el Trébol, quienes han sido víctimas de amenazas, ataques armados y extorsiones
para que salgan de esas rutas.
“Algunos de estos conductores son expilotos
de los buses rojos o son contratados por los delincuentes dueños de los taxis
piratas. La PNC había retomado el operativo Scion, pero lo dejaron a medias”,
señaló.
En cuanto a los abusos sexuales que se
cometen en esos vehículos, Guerra afirma que se han conocido casos de víctimas
que prefieren no denunciar, argumentando que no tienen confianza en las
autoridades y temen represalias. “Estos casos ponen en evidencia la gravedad de
la situación y es urgente que se tomen las medidas necesarias, que sea una
solución integral para que se abran nuevas rutas de transporte”, recomienda.
El funcionario agrega que en algunas
localidades los agentes de tránsito temen multar o sancionar a los conductores
de esos vehículos, puesto que los delincuentes saben dónde ubicarlos.
De esa cuenta, enfatizó en la importancia de
mejorar los requisitos para autorizar vehículos como taxis, y recordó que en la
municipalidad capitalina, uno de los requerimientos es el trámite en el
Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas) para garantizar que la persona
está solvente de procesos judiciales por delitos sexuales.
Añade que el problema no solo es con los
taxis piratas, sino también con los mototaxis, pues a bordo de los mismos, los
conductores cometen asaltos o suelen provocar accidentes y dejar abandonados a
los pasajeros.
“El problema es que en algunas
municipalidades los trámites son engorrosos y no se llega a ningún acuerdo. En
el caso de Amatitlán, por ejemplo, hay trescientas motos que piden a la comuna
que les autorice operar como taxis y no se les ha permitido, y la población los
aborda por la falta de transporte”, explica.
