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El MP y PNC realizaron una serie de
operativos capturaron a Alis Morán, Paola Escobar y Willy López Racanac;
quienes se han desempeñado como auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial
contra la Impunidad (FECI).
Por Infobae y EFE
La embajada del Reino Unido
en Guatemala detalló en un comunicado que su preocupación nace de la detención
el pasado 10 de febrero de dos ex funcionarias de la extinta Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la Organización
de Naciones Unidas (ONU).El Reino Unido manifestó
este miércoles su preocupación por la detención de fiscales en Guatemala y el
accionar de la jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras,
sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos.
“También nos preocupa la
destitución de la inmunidad judicial a los jueces que procesaron casos de
corrupción”, añadió la representación consular.
El pasado 10 de febrero, las
abogadas Leily Santizo y Eva Sosa, ex trabajadoras de la Cicig, fueron
detenidas por un caso denominado por el Ministerio Público como “Cooptación y
Corrupción Judicial”, sin más datos al respecto al estar bajo confidencialidad,
de acuerdo con la misma entidad.
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La abogada Leily
Santizo, detenida el pasado 10 de febrero
Ambas funcionarias en la
Cicig, comandada por el jurista colombiano Iván Velásquez, desarticularon a más
de 50 estructuras de corrupción en el Estado entre 2014 y 2019, incluidos
expresidentes, presidentes y altos miembros de la cúpula empresarial del país
centroamericano.
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La abogada Eva
Siomara Sosa, detenida el pasado 10 de febrero
De igual forma este mismo
miércoles se ordenaron arrestos para cuatro trabajadores de la Fiscalía
Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, quienes también
acompañaron a la Cicig en la lucha anticorrupción.
Los cargos en contra de los
cuatro trabajadores acusados este miércoles tienen como origen supuestamente la
“coacción” de un testigo en un caso de alto impacto.
Sin embargo, todas las
detenciones obedecen, según palabras de Santizo a medios de comunicación, como
revancha por llevar a cabo la lucha anticorrupción por parte de la Cicig y la
FECI.
Santizo declaró también el
martes que teme por su vida pues se encuentra en la misma cárcel que docenas de
personas a las que imputó penalmente.
“El Reino Unido insta a las
autoridades a garantizar la seguridad de los detenidos y salvaguardar su
derecho al debido proceso”, añadió el comunicado.
Estados Unidos también se pronunció
Estados Unidos de igual
forma se pronunció este miércoles al afirmar que está “profundamente
preocupado” por lo que considera “el maltrato inaceptable y el abuso
persistente” a fiscales y ex fiscales por parte del Ministerio Público, bajo el
liderazgo de Consuelo Porras.
Así lo señaló en un
comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
La cartera de Exteriores de
EEUU subrayó que, bajo la dirección de Porras, el MP se ha valido de registros
y arrestos basados en imputaciones secretas e información de casos “filtrada de
forma selectiva” para supuestamente perseguir a fiscales.
odo ello “en un intento
aparente de identificar y castigar a los guatemaltecos que luchan contra la
impunidad y promueven la transparencia y rendición de cuentas”, dijo Price,
quien afirmó que es “esencial” que se respeten los derechos constitucionales de
los ciudadanos para proteger el cumplimiento de la ley.
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El Gobierno de
Guatemala indicó en un comunicado de su Cancillería que exige a los agentes
diplomáticos que se abstengan de intervenir en los asuntos internos” del país
El martes, el Gobierno de Guatemala indicó en un comunicado de su Cancillería que “exige a los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno” local “que se abstengan de intervenir en los asuntos internos” del país.
Las detenciones de las
abogadas han generado críticas en varios sectores de la población, en especial
contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien
en septiembre pasado fue sancionada por Estados Unidos con la remoción de su
visa acusada de “obstruir” casos de alto impacto.
La Cicig se estableció en
Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de
Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado
en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica,
según diversos estudios al respecto.
