Por Carlos S. Maldonado
Guatemala ha iniciado cojeando el
proceso electoral de cara a las presidenciales de junio. Los magistrados del
Tribunal Electoral, tras un encierro de horas, fallaron contra un recurso
interpuesto por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), organización
de izquierda a la que se le negó la inscripción de sus candidatos, la líder
maya Thelma Cabrera y el exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas.
De esta manera el tribunal deja fuera de
la contienda a dos candidatos críticos con el Gobierno, que cuentan con el
respaldo de miles de campesinos e indígenas. “Fue una decisión arbitraria,
sustentada en la ilegalidad”, dice a este periódico Rodas desde Bogotá, donde
recibió la noticia de que su candidatura a la vicepresidencia ha sido
rechazada. “Esto es una vendetta. Me pasan la factura los sectores más
conservadores de Guatemala, para los que soy una piedra en el zapato”, asegura
Rodas.
Cabrera y Rodas anunciaron el 28 de
diciembre su decisión de competir en las presidenciales. Y a finales de enero
acudieron al Tribunal Electoral para inscribir sus candidaturas, inscripción
que fue negada porque, según dijeron los funcionarios a cargo del proceso,
Rodas tiene una investigación en curso por supuestas irregularidades durante su
gestión al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Él asegura que la noticia le sorprendió,
porque no había sido notificado. “Cumplo con todos los requisitos de la
Constitución y la Ley Electoral”, dice Rodas. “Esta es, evidentemente, una
estrategia con fines políticos en mi contra. Mi sucesor en la Procuraduría ha
puesto una denuncia sin decir de qué se me acusa y la envió a la Contraloría.
Dice que hay irregularidades, pero sin aclarar cuáles son”, se defiende Rodas.
Para él se trata de una estrategia
política de sectores conservadores que cuentan con mucho poder en Guatemala,
como empresarios y exmilitares, a los que Rodas ha denunciado por actos de
corrupción. En agosto pasado, durante una entrevista con EL PAÍS en lo que fue
su despacho de la Procuraduría en Ciudad Guatemala, Rodas dijo: “Aquí hay que
hablar claro, el CACIF [la principal organización empresarial] le ha hecho
mucho daño al país.
Los que dominan la industria, la banca,
que han acumulado fortunas en este modelo egoísta, estrechando la desigualdad.
En lugar de velar por un sistema económico que genere mejores condiciones de
vida, ellos se creen los dueños de la finca y actúan en consonancia, como
capataces, y cada cuatro años solo ponen títeres en el poder, manipulan y le
han dado oxígeno político a gente como [los expresidentes] Otto Pérez Molina,
Jimmy Morales y Alejandro Giammattei”.
Sus críticas, sin duda, le han generado
el desprecio de las grandes fortunas, en un país donde nada se mueve sin el visto
bueno del gran capital. Estos sectores conservadores ven como una amenaza la
candidatura de dos personas que han sido fuertes críticas del sistema, que
denuncian la corrupción y la impunidad y que ponen su estrategia electoral
centrada precisamente en la lucha contra lo que en Guatemala se ha llamado el
“pacto de corruptos”, una alianza entre Gobierno y empresas donde imperan los
abusos y arbitrariedades.
Cabrera y Rodas aseguran que agotarán
todos los recursos legales que les permite el sistema guatemalteco para
revertir la decisión del Tribunal Electoral. Rodas denunció ante el Ministerio
Público de su país a Ramiro Muñoz, responsable del Registro Ciudadano de
Guatemala —instancia a cargo de inscribir las candidaturas de los aspirantes a
participar en el proceso electoral— y acudirán a la Corte de Constitucionalidad,
la última esperanza que ambos candidatos tienen para que se les permita
participar en el proceso electoral 2023. (AP)