Es un compromiso de la Asociación de
Periodistas de Guatemala (APG), defensa de las libertades de expresión,
información, emisión del pensamiento y de prensa por todos los medios de
difusión, así como el derecho de informar y ser informado, de acuerdo con
nuestros estatutos, expresó a los representantes de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) la licenciada Ana Julieta Cárdenas, presidenta de la máxima
entidad de prensa del país.
La representante legal de la APG, en
reunión con miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), y al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus
siglas en inglés), presentó un informe sobre la situación de la prensa registrada
durante los últimos dos gobiernos en Guatemala.
La SIP se solidariza con periodistas y
medios que han sido víctimas de la criminalización, y manifiesta estar alertas
ante los casos que se siguen en los tribunales de justicia. Asimismo, expresa su
preocupación por las secuelas que ha dejado la actuación de los diversos
actores e instituciones de los dos gobiernos anteriores.
En sus acciones en contra de la libertad
de expresión y demás libertades paralelas, evidenciaron, con la criminalización
a periodistas y medios de comunicación, que a estos grupos de poder no les
gusta la labor que a diario hacen los periodistas para mantener informada a la
población en general.
De manera conjunta, la APG, miembros del
Comité Ejecutivo de la SIP y el CPJ, manifestaron que, como efecto de las
acciones en contra de este derecho ciudadano y otros, actualmente hay 25
periodistas en el exilio, así como el largo encarcelamiento del periodista Jose
Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico, quien, según resolución de la
Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, iniciará un nuevo juicio el 5 de
febrero.
Durante la entrevista con el Comité de
la SIP, se dio a conocer que, en esos períodos de gobierno, cinco periodistas
perdieron la vida, casos que se encuentran en investigación en el Ministerio
Público, sin mayores avances.
Igualmente, se abordó el tema del
Programa de Protección a los Periodistas, por lo que se espera tener un avance en
la actual administración gubernamental, dado que ya ha tenido acercamiento con
varias entidades de prensa, al igual que el delegado de la Comisión
Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Oswaldo Samayoa.
La APG, como está establecido en la Ley
de Emisión del Pensamiento, de rango constitucional, le corresponde integrar los
Tribunales de Imprenta, junto con representantes del Colegio de Abogados y de
la Municipalidad, para conocer casos en contra de periodistas que sean acusados
de cometer presuntos delitos de difamación u otros que estén tipificados en
dicha ley.
Al final de la reunión se indicó a la SIP y CPJ, que la APG y otras entidades de prensa esperan que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de amparo que busca que se respete el debido proceso por medio de los Tribunales de Imprenta, y de igual manera se deje de perseguir a los comunicadores y se ponga en libertad a Jose Rubén Zamora.
La APG con la SIP y CPJ. De
Izquierda a Derecha: Gabriela Vivanco, presidenta del Comité Ejecutivo de la
SIP; Ana Julieta Cárdenas, presidenta de la APG; Roberto Rock, presidente de la
SIP; Carlos Lauria, director ejecutivo de la SIP; las directoras II y IV de la APG,
respectivamente, Berania López Marroquín y Grecia Aguilera. Carlos Martínez de
la Serna, director del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
