Este martes 16 de mayo, se hizo público el Acuerdo 649-2023, fechado el recién 4 de mayo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que busca que se agilice la impresión de papeletas electorales, pese a unos 97 amparos que están pendientes de resolver referente a candidaturas impugnadas.
El acuerdo considera que hubo una cantidad “considerable” de recursos de nulidad en la fase de inscripción de candidatos, los que luego se judicializaron en acciones de amparo que están en la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad.
Fiscales de varios partidos políticos afirman que la interpretación es confusa y que la misma podría violar la certeza jurídica del evento electoral.
Estas acciones legales son ahora el principal obstáculo para que la Dirección Electoral ordene la impresión de papeletas, ya que existen candidaturas pendientes de resoluciones judiciales, mismas que podrían confirmar a un candidato u ordenar la exclusión de alguno y esta incertidumbre podría atrasar todo el proceso logístico de cara a los comicios del próximo 25 de junio.
En el acuerdo del TSE, en su articulado principal dice lo siguiente: “De presentarse el caso, que en la papeleta electoral no aparezca el nombre de algún candidato debidamente inscrito o se haya incluido el nombre de un postulado que no haya obtenido la inscripción como candidato a cargo de elección popular, así como otorgado el amparo por parte del órgano jurisdiccional competente, que le otorgue la calidad de candidato, el TSE resolverá en el momento de la acreditación de cargos, lo que en derecho corresponde”.
La interpretación que algunos fiscales de partidos políticos hicieron del acuerdo da cuenta de que podrán aparecer en la papeleta todos aquellos que ante el Registro de Ciudadanos estén inscritos, sin importar aquellas acciones de amparo que están pendientes de resolver.
Esto podría generar varios escenarios legales: 1) incluir en la papeleta a personas que terminen finalmente siendo excluidas; o bien 2) no incluir a candidatos que obtengan el aval de las Cortes.
Los fiscales de los partidos políticos en contienda consideran que la medida, lejos de garantizar la certeza del proceso, la pone en duda.
Diego Blanco, fiscal de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), puso en duda la legalidad del acuerdo porque violaría algunos derechos.
Por su parte Roberto Villate, fiscal de Podemos, sugirió al TSE que mejor emita un comunicado o que envíe un oficio a las Cortes y Salas que mantienen amparos pendientes, con el objeto de que se agilicen las resoluciones.
Los peligros del acuerdo pueden poner en riesgo la certeza jurídica, sobre todo en el interior de la República, porque podría haber nombres de candidatos que finalmente no podrían participar, advirtió Héctor Aldana, fiscal de Vamos.
La razón del acuerdo, según el TSE, es evitar
un gasto millonario en la reimpresión de papeletas, pero es un tema confuso
para los fiscales, que en su mayoría son abogados.
